El Gobierno de Portugal ha decidido intervenir en la huelga de estibadores del puerto de Lisboa tras comprobar que no se estaban cumpliendo los servicios mínimos acordados. El decreto de requisición civil, que permite al Gobierno obligar a trabajar a los huelguistas, fue aprobado el martes por el Consejo de Ministros para “defender los intereses de todos los portugueses, especialmente en un momento tan excepcional, en el que todos nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes”.
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